Las ciudades de Vigo y Barcelona se han aliado para impulsar una ley específica que satisfaga las demandas de las urbes con más de 300.000 habitantes, iniciativa que persigue conseguir un mayor poder decisorio en organismos vinculados con la economía municipal, como puertos y aeropuertos y hacerse con la gestión de recursos hidráulicos; según la información recogida en el diario digital farodevigo.es.
Además de los aspectos legislativos, lo que preocupa a ambas urbes es la capacidad de actuación sobre puertos y ser tenidas encuenta en los aeropuertos.
Además de los aspectos legislativos, lo que preocupa a ambas urbes es la capacidad de actuación sobre puertos y ser tenidas encuenta en los aeropuertos.