Las organizaciones de productores, industria de alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración -FIAB, AECOC, ANGED, ACES, ASEDAS, CEC, FEHR, FEHRCAREM y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS- han animado hoy al Gobierno a emprender una reforma fiscal capaz de estimular la actividad empresarial. De lo contrario, un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, principalmente del IVA, podría tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor y, por tanto, poner en riesgo la recuperación de la economía.
La próxima reforma fiscal, que está siendo analizada en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda, debe servir para estimular la actividad empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza. En ese sentido, un marco fiscal más eficiente, justo y equitativo debería aliviar la carga fiscal de los hogares y empresas, para acelerar la recuperación del consumo y la inversión.
De lo contrario, los efectos pueden ser muy perjudiciales para la economía doméstica. La última subida del IVA en 2012 ya produjo una caída media del consumo cercana al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses siguientes a la aplicación de la medida). La opción propuesta por Bruselas para que productos de primera necesidad gravados con el tipo superreducido (4%) pasen al reducido (10%) y otros bienes de esta categoría pasen al tipo general (21%) produciría una caída de la producción de más de 16.000 millones de euros y la destrucción de 174.000 empleos, según un informe del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET).
Las organizaciones consideran que el Gobierno tiene la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo. Una reforma que analice la calidad del gasto público y ponga orden en la maraña de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas y locales. Y, por supuesto, un marco tributario que estimule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que pagan las empresas.