Otra de las conclusiones incide en facilitar desde las
administraciones públicas los apoyos técnicos y financieros para crear o
mejorar, según el caso, la oferta termal, sus instalaciones terapéuticas,
turísticas o lúdicas, así como la oferta
complementaria de los destinos o villas termales, como inversiones productivas
sostenibles con un gran impacto para el desarrollo rural y territorial.
Finalmente se propone, entre otras acciones, promover desde las diferentes administraciones
públicas programas de Termalismo Social
para los mayores y otros colectivos sociales, teniendo en cuenta experiencias
como las que se desarrollan desde hace 25 años en España a través del IMSERSO,
y más recientemente desde diversas Comunidades Autónomas y Diputaciones
Provinciales españolas.