El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto
de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria que quiere ser una norma
básica actualizada y homogénea en el ámbito nacional en cuanto a calidad
alimentaria y que además actualiza la legislación vigente en la materia —que
data de 1983— y se adapta a la normativa europea que regula los controles en la
comercialización de productos alimenticios y la garantía de su calidad.
La nueva norma incorpora al ámbito de la calidad alimentaria
los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que
implica que en las relaciones comerciales los operadores solo tienen que una
única regulación. Un aspecto que, según el Gobierno, ofrecerá mayor capacidad
de actuar al operador en el ámbito de la libertad de empresa y de circulación
de mercancías y servicios.
Se ordena también el sistema de inspecciones y controles
aplicado a los alimentos en las etapas de la cadena de suministro comprendidas
entre la salida de los productos de la explotación agraria o sacrificio de los
animales hasta su llegada a los almacenes de distribución mayorista. La
finalidad es asegurar que los productos llegan al consumidor con todas las
garantías de calidad. Los sistemas de control que se establecen en la Ley son
los existentes en la normativa comunitaria, si bien con este texto aparecen por
primera vez en España sistematizados en un único instrumento legal y con
vocación de norma básica.
De esta forma se quiere favorecer la competitividad de las
empresas mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad
comercial de los productos alimentarios, evitando que los operadores se vean sometidos
a las cargas administrativas derivadas de la multiplicidad de normativas
autonómicas, no siempre coincidentes.